La Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, mejor conocida como Conferencia de Estocolmo de 1972,
fue el evento que, por primera vez, concentró la atención internacional en
temas medioambientales. Las preocupaciones sobre la degradación ambiental y la
contaminación transfronteriza fueron las grandes revoluciones, pues implicaban
que la contaminación no reconocía límites políticos o geográficos y afectaba a
los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen. Se hizo un
llamado a los gobiernos para que orientaran sus esfuerzos a la preservación del
Medio Ambiente, subrayando la importancia de establecer un sistema jurídico que
contribuyera a revertir las tendencias que amenazaban el medio ambiente y
garantizara a las generaciones futuras su derecho a un medio apropiado.
El Protocolo de Montreal de 1987,
relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, fue quizá el primer
instrumento internacional abocado a un tema específico. Su objetivo fue
proteger la capa de ozono mediante el control de producción de las sustancias
degradadoras de la misma. Entró en vigor el 1 de enero de 1989 y fue revisado
en cinco ocasiones: en 1990 en Londres, en 1992 en Copenhague, en 1995 Viena,
en 1997 Montreal, y en 1999 en Beijing. Si bien el carácter del protocolo fue
más bien técnico, puede considerarse como uno de los instrumentos con mayor
capacidad vinculatoria, esto debido a la precisión de sus preceptos.
En cambio, la Cumbre de la Tierra
(Conferencia de Río) de 1992, se distinguió más por su faceta política. En ella
se reconoció la importancia de integrar la protección del medio ambiente y la
administración de los recursos naturales en las políticas de desarrollo. Esta
idea, a su vez, fue tomada de la definición de “desarrollo sostenible” (o
sustentable) hecha por la Comisión Brundtland en 1987, que lo describió como
“el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Esta tendencia ha sido incorporada en la doctrina ambiental de la mayoría de
los países, a pesar de que la Conferencia de Río no generó normas como tales.
La firma del Protocolo de Kyoto
en 1997 fue la siguiente reunión internacional enfocada a la creación de normas
y vínculos jurídicos para proteger el Medio Ambiente. En esta ocasión, el
objetivo fue lograr un consenso en cuanto a la necesidad de los países
industrializados de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a
efectos de mitigar el cambio climático. Como es bien sabido, la vigencia del
protocolo está por expirar, exigiendo la negociación de un instrumento más
amplio y con mayor capacidad de obligar al cumplimiento de los objetivos.
Bibliografía
Serna
Mendoza, C. (2010). Economía y medio ambiente. Apuntes del
Cenes, XXIX (50), 9-26
No hay comentarios.:
Publicar un comentario